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Viaje de Ida y Vuelta: de un Derecho Humano a un Servicio Público

Por: Alessandro Reginato, Gerente General CAASA, Aguascalientes

El debate alrededor del derecho humano al acceso de los servicios de agua y saneamiento está despertando muchos intereses en la sociedad y obviamente entre los Organismos Operadores como herramienta para permitir que este derecho pueda ser ejercido.

Como siempre sucede, las interpretaciones posibles son múltiples y cada una responde a sustentar una u otra tesis.

Antes de empezar la exposición de nuestra tesis, es importante tomar en cuenta el párrafo sexto del artículo constitucional n° 4 para entender el contexto: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Gran parte de las tesis según las cuales el derecho al agua es condición sine qua non para un servicio cuasi gratuito, obvian la lectura de la segunda parte del párrafo arriba reportado, donde se deja claro que el máximo responsable para asegurar el derecho al agua es el mismísimo Estado a través de sus diferentes niveles de gobierno, y este derecho se garantiza a través de organización e infraestructuras que permitan contar en cada casa habitación con una toma de agua.

El asunto de garantizar sucesivamente la sustentabilidad del acceso al agua y saneamiento es un asunto que tiene que ver con el “cómo”, es decir, a través de cuáles mecanismos el Estado pretende asegurar la continuidad del ejercicio del derecho.

De allí que existen múltiples formatos donde la participación privada puede convertirse en aliado, socio o ejecutor de una tarea-responsabilidad que sigue siendo de competencia municipal o estatal.

Como consecuencia de una interpretación sesgada del artículo constitucional, el debate se ha trasladado a la diatriba entre “cortes sí” o “cortes no”, como si esto fuera la verdadera solución para garantizar el derecho al agua para todos los ciudadanos, olvidando que en México la cobertura promedio de agua y alcantarillado recién ha llegado a pasar del 90%, llegando al 92.4% para agua potable y 91.0% para alcantarillado1; es decir que unos 12 millones de habitantes y ciudadanos a todo derecho de los Estados Unidos Mexicanos deben luchar a diario para conseguir agua en sus hogares.

Frente a estos datos, deberíamos dejar el campo despejado de las estériles discusiones acerca de los cortes de agua y concentrarnos en cómo garantizar que estos conciudadanos cuenten cuanto antes con un acceso al agua digno.

El problema de concentrar nuestros esfuerzos en batallas políticas y legales que no aporten soluciones para colmar este vacío de infraestructuras para un 9% de la población mexicana, debería hacernos reflexionar sobre el sentido de hacer política en todos sus niveles.

La reciente controversia constitucional 48/2015 promovida por el Municipio de Jesús María en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Aguascalientes acerca de la publicación de la modificación a la Ley del Agua del mismo estado del 6 de julio del 2015, cierra parcialmente una polémica acerca de la legalidad de la ejecución del corte del servicio para el caso de usuarios domésticos morosos por más de tres meses.

Aun cuando la corte constitucional haya dado la razón al Municipio de Jesús María, la clave interpretativa ha sido que la Ley no definió correctamente el concepto de vulnerabilidad de aquella población que dejara de pagar por más de tres meses consecutivos el servicio correspondiente; es decir, la modificación a la Ley de Agua introducía un silogismo por el cual al no pagar por tres meses consecutivos el usuario caía dentro de un estatus de vulnerabilidad que obviamente ha sido encontrado demasiado amplio por la corte.

Aun cuando la sentencia nos parezca correcta y conveniente para el interés general de la ciudadanía en su resultado último, no termina de aclarar el sentido originario del artículo 4° constitucional, por el cual el máximo responsable de garantizar el acceso al agua y saneamiento es y seguirá siendo el Estado, y que la forma en la cual preste el servicio, sea a través de una empresa municipal, estatal, mixta o concesionada, nada tiene que ver con el ejercicio del derecho al agua. Como corolario, se tiene que el servicio como tal es oneroso y debe ser cubierto a través del pago según un esquema tarifario que obviamente ya incluye en la gran mayoría un sistema de subsidios cruzados o directos que justamente responden a los casos de apoyar a la población en condición “vulnerable”.

Como consecuencia de ello, seguimos discutiendo si el derecho al agua debería ser garantizado a través de la operación de empresas exclusivamente públicas o si deberían excluirse las empresas privadas de la operación de sistemas de agua y drenaje y mientras tanto 12 millones de mexicanos no tienen acceso al agua entubada y gran parte de los que sí lo tienen, dependen cada año de los fondos federales para echar a andar los Organismos Operadores que en la gran mayoría de los casos no gozan de gran salud financiera y, por ende, operacional.

Por lo anterior, la recomendación es acercarse con actitud pragmática a la gran problemática de la gestión de agua en México; tenemos grandes casos de éxito en organismos públicos, como es el caso de SAPAL en la ciudad de León o del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey para el estado de Nuevo León, sin embargo para cada uno de estos hay por lo menos otros 10 que se encuentran en condición de no poder operar de manera correcta un sistema de abastecimiento por problemas financieros y evidentemente organizacionales. De modo que donde existe la necesidad nos parece irresponsable no pedir el apoyo al sector privado para poner en marcha mecanismos de fortalecimiento institucional o sistemas de contratación más complejos que garanticen la posibilidad de ejercer el derecho al agua.

En Aguascalientes por ejemplo, Veolia opera desde hace 23 años y se ha conseguido alcanzar un nivel de eficiencia envidiable y comparable al que otorgan los dos operadores mencionados y a una tarifa promedio menor, de modo que no parece lógico seguir negando la necesidad de la colaboración privada para aquellos organismos que lo necesiten.

Como última recomendación, quisiéramos hacer un llamado a las autoridades de las cuales depende el ejercicio de los Organismos Operadores de agua para que se abrieran a un franco debate alrededor de la necesidad imperiosa de construir sistemas autosuficientes para la prestación de los servicios y que no tengan que depender cada año de las aportaciones federales que ahora más que nunca se convierten en verdaderas incógnitas que de manera automática llevan los administradores locales a incumplir el mandato constitucional contenido en el artículo 4°.

1 Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento, Edición 2015, Gobierno de la Republica, CONAGUA, SEMARNAT.

 

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