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Regulación de los servicios
de agua potable y saneamiento

La regulación de los servicios de agua potable y saneamiento forma parte esencial de la gobernanza del agua. Es por ello que es un tema recurrente en el análisis del desempeño de los Organismos Operadores. La regulación es considerada como el eje medular sobre el que se articularía un modelo de gestión basado en la eficiencia.

Mejorar el performance de los servicios es sin duda una de las prioridades del país; es por ello que la ANEAS ha insistido en revisar el marco institucional que los rige. Y en ello su regulación es nodal. Ahora bien, es necesario reconocer que aún no existe, en el país, claridad sobre el por qué, qué tipo y cómo implementarla.

El abordaje más usual es considerar que la provisión de los servicios de agua constituyen un “monopolio natural” que debe ser “controlado” por el Estado, a efecto de eliminar las consecuencias nocivas que esta “particularidad económica” tiene y que se traducen en deficiencias económicas (pérdidas en la red, pago de energía por baja presión, incertidumbre y baja calidad del agua), mismas  que son trasferidas a los usuarios.

En tal sentido, comúnmente se propone un esquema similar al que se utiliza en los países en donde los servicios son suministrados por empresas privadas, como son los casos de Chile, Colombia o Perú, para mencionar casos del Continente. La idea central de este tipo de regulación es reproducir, “artificialmente” condiciones de competencia de mercado mediante mecanismos de comparación (benchmarking/empresas modelo), que posibiliten la evaluación tanto del desempeño (calidad del servicio) como de la razonabilidad las tarifas que pagan los usuarios. La regulación económica, tiene como fundamento la “propensión natural” de las empresas privadas para lograr márgenes de “rentabilidad” mediante el incremento de la eficiencia en sus procesos. Otro tipo de regulación es la que establece las “reglas” del juego, define los actores, sus roles y límites. Esta regulación de comportamiento, que es la más extendida en el orbe, es la predominante en el país.

No obstante, al paso de los años la cantidad de reglas (federales, estatales y municipales) se ha multiplicado casi exponencialmente,  convirtiéndola en un “galimatías” que provoca confusión e incertidumbre en la gestión de los servicios. La Constitución de la República (Artículos 1º, 4º y 115ª), las leyes federales –Ley de Agua Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecología y Protección al Ambiente, Ley General de Salud–; las leyes estatales del agua, los ordenamientos municipales en la materia; las regulaciones federales y en su caso, las estatales en materia de obra pública, arrendamientos, servicios; las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad del agua, descargas, medición; en otras medidas, constituyen un vericueto legal, un verdadero muro regulatorio que habrá de sortearse, de deconstruirse, si queremos contar con una regulación clara que fomente la calidad de los servicios, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas.

Por ello en este número 72 de Agua y Saneamiento, la ANEAS aborda, con el apoyo de especialistas en la materia, el tema de la regulación de los servicios. Nuestra intención es contribuir a su análisis y discusión. La tarea no es sencilla, pero la claridad en el marco institucional de los servicios es un prerrequisito para avanzar en su mejora sistémica y con ello, en la consecución de la gobernanza del agua del país.


Atentamente

Ing. Ramón Aguirre Díaz
Presidente del Consejo Directivo

 



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